La alta administración del Consell tiene un topo. Alguno de sus funcionarios pata negra confrontado a su enésimo marrón de sacar las castañas del fuego al Ejecutivo ha conseguido por fin introducir el veneno de plutonio en el cuerpo de la Generalitat. Si las medidas de ajuste de la Administración Pública valenciana las hubiera redactado una potencia enemiga, no las habría hecho peores. Si estuviéramos en la época de la Guerra Fría, nuestro agente presentaría a sus jefes moscovitas un magnífico regalo de Reyes.
En un presupuesto de casi 15.000 millones de euros, de los cuales más de 750 millones se dedican a pagar la deuda, 269 a la Ciutat de les Arts i les Ciències, 164 a la Societat de Projectes Temàtics, 27 al aeropuerto de Castellón y 23 al Circuit del Motor i Promoció Esportiva, se podrían haber recortado 271 millones de muchos sitios. Nuestro hábil espía ya sabe que tenemos prohibido dejar de pagar la deuda o pedir una moratoria para auditar si es legítima. En el Estado español sería «anticonstitucional», gracias a uno de los más vergonzosos episodios de la historia democrática española, perpetrado durante las vacaciones de agosto. Así es que el agente ha conseguido sacarlos del lugar donde más daño va a hacer.
El colectivo de funcionarios está muy desacreditado. Algunos se lo han ganado a pulso y la mayoría lo sufren como un eslogan facilón de origen decimonónico, aunque saben que procede de la falta de democracia en el empleo público, en el que un control jerárquico incompetente cercena una auténtica gestión para y por los ciudadanos. Un descrédito que resiste mal ante los intereses privatizadores de los defensores del adelgazamiento del estado.
Pero dentro de este colectivo, los que menos sufren este estigma son los profesionales de la educación y la sanidad y los jóvenes servidores públicos con contratos interinos. Si se preguntara a la gente «como Dios manda» y provista de «sentido común», que constituye el granero electoral del partido gobernante, les dirían que lo último en lo que hay que ahorrar es en médicos y médicas, profesores y profesoras y en estos chicos y chicas tan simpáticos y bien preparados que tan bien nos atienden. Pues es justo a estas personitas a las que se le va rebajar el sueldo por diferentes procedimientos.
Si a esto se añade el abandono a su suerte ya consumado de la precaria red de bienestar social, nos encontramos con que sanidad, educación y servicios sociales, que deberían incrementar sus presupuestos durante la crisis para remediar sus estragos, son los que van a liderar el ahorro. Y además, atacando no a sus recursos materiales, sino a su capital humano que es su activo más valioso. Y de una rentabilidad que sorprende y que nos permite con un gasto ridículo, mantener, por ejemplo, una sanidad pública (que era) de las mejores del mundo. Así es que igual nuestro topo es un agente doble y también trabaja para el capital financiero interesado en degradar lo público que es el último territorio que le queda por colonizar y explotar.
En cualquier caso, va a ser un ahorro que nos va a salir muy caro.
Mikel Munárriz
Vicepresidente de la sociación Española de Neuropsiquiatría profesionales de Salud Mental
Fuente: [Diario Levante]
En un presupuesto de casi 15.000 millones de euros, de los cuales más de 750 millones se dedican a pagar la deuda, 269 a la Ciutat de les Arts i les Ciències, 164 a la Societat de Projectes Temàtics, 27 al aeropuerto de Castellón y 23 al Circuit del Motor i Promoció Esportiva, se podrían haber recortado 271 millones de muchos sitios. Nuestro hábil espía ya sabe que tenemos prohibido dejar de pagar la deuda o pedir una moratoria para auditar si es legítima. En el Estado español sería «anticonstitucional», gracias a uno de los más vergonzosos episodios de la historia democrática española, perpetrado durante las vacaciones de agosto. Así es que el agente ha conseguido sacarlos del lugar donde más daño va a hacer.
El colectivo de funcionarios está muy desacreditado. Algunos se lo han ganado a pulso y la mayoría lo sufren como un eslogan facilón de origen decimonónico, aunque saben que procede de la falta de democracia en el empleo público, en el que un control jerárquico incompetente cercena una auténtica gestión para y por los ciudadanos. Un descrédito que resiste mal ante los intereses privatizadores de los defensores del adelgazamiento del estado.
Pero dentro de este colectivo, los que menos sufren este estigma son los profesionales de la educación y la sanidad y los jóvenes servidores públicos con contratos interinos. Si se preguntara a la gente «como Dios manda» y provista de «sentido común», que constituye el granero electoral del partido gobernante, les dirían que lo último en lo que hay que ahorrar es en médicos y médicas, profesores y profesoras y en estos chicos y chicas tan simpáticos y bien preparados que tan bien nos atienden. Pues es justo a estas personitas a las que se le va rebajar el sueldo por diferentes procedimientos.
Si a esto se añade el abandono a su suerte ya consumado de la precaria red de bienestar social, nos encontramos con que sanidad, educación y servicios sociales, que deberían incrementar sus presupuestos durante la crisis para remediar sus estragos, son los que van a liderar el ahorro. Y además, atacando no a sus recursos materiales, sino a su capital humano que es su activo más valioso. Y de una rentabilidad que sorprende y que nos permite con un gasto ridículo, mantener, por ejemplo, una sanidad pública (que era) de las mejores del mundo. Así es que igual nuestro topo es un agente doble y también trabaja para el capital financiero interesado en degradar lo público que es el último territorio que le queda por colonizar y explotar.
En cualquier caso, va a ser un ahorro que nos va a salir muy caro.
Mikel Munárriz
Vicepresidente de la sociación Española de Neuropsiquiatría profesionales de Salud Mental
Fuente: [Diario Levante]
1 comentarios:
Vaya telita...
Besos, Juancar!!
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